La Contraloría Interna del estado ha sancionado a 28 de los 74 exservidores públicos involucrados en irregularidades en el ejercicio del poder público durante el gobierno de Amalia García Medina, afirmó el titular de la dependencia, Guillermo Huizar Carranza.

“Casi todos están notificados con su sanción correspondiente, hay muchos funcionarios de la administración pasada inhabilitados”, dijo el contralor.

Sin dar detalles sobre montos o sanciones, afirmó que el catálogo de resoluciones impuestas incluye multas resarcitorias, “tienen que devolver parte del dinero que se llevaron”, y suspensiones para trabajar en la función pública.

“La Contraloría ha cumplido con su trabajo”, dijo el funcionario.

Aseguró que no hay registro en la administración zacatecana de una Contraloría Interna “que haya reunido tal cantidad de funcionarios sancionados”.

“Los exservidores públicos plantearon estrategias defensivas que han sido inútiles; han quedado firmes las sanciones”, declaró el contralor.

En su comparecencia en el Congreso local el pasado 12 de octubre, Huizar Carranza dijo que de 53 exfuncionarios que presentaron documentos para desvirtuar observaciones, 26 habían agotado el recurso de la audiencia final.

En aquel momento explicó que tres de los implicados no fueron sancionados, uno fue objeto de una amonestación privada, cinco de multas económicas y seis fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos.

Fuero no impedirá hacer justicia
“Nadie puede estar seguro de que sea una estrategia, parece lo lógico”, dijo Guillermo Huizar sobre la posibilidad de que Amalia García intente retrasar el proceso de rendición de cuentas para ganar tiempo y acceder a un cargo público con fuero.

“Si se acreditan las faltas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorece al estado respecto a la Ley de Responsabilidades (de los Servidores Públicos), Amalia García será juzgada en la vía administrativa, tarea que me corresponde”, dijo el contralor.

Explicó que si la exgobernadora consigue ser senadora, el gobierno estatal solicitaría el desafuero para “quitarle la protección constitucional y que sea sometida al juicio correspondiente”.

Si la Suprema Corte resuelve el caso este mes, como se tiene previsto, y su definición favorece al estado la Contraloría estará en posición de imponer las sanciones que correspondan.

“Las cosas están bien hechas, las irregularidades que le hemos documentado son sólidas”, dijo Huizar Carranza.

La exgobernadora es objeto de un proceso administrativo por su presunta responsabilidad en tres irregularidades: la contratación indebida de un crédito por 300 millones de pesos con Banamex, sobreejercicio de recursos sin sustento económico y otorgar préstamos a particulares sin tener una partida asignada a ese concepto.

FOTO: OSVALDO MARTÍNEZ

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