El coordinador general jurídico, Uriel Márquez Cristerna, y el contralor interno, Guillermo Huizar Carranza, ya fijaron la postura del gobierno sobre el caso de Amalia García, fue lo declarado por Miguel Alonso Reyes sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgarle el amparo a la exgobernadora.

“No hay más que decir que lo que ya han establecido”, dijo el mandatario, y agregó que la búsqueda de sancionar a la perredista por las irregularidades identificadas durante su gestión “es un proceso que no está terminado”.

El gobernador afirmó que sus funcionarios darán cuenta de los avances que se tengan en el caso.

A la pregunta de si el titular de la Contraloría Interna se mantendrá en su puesto, el gobernador respondió que el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de García Medina es un proceso sin concluir.

La revisión de los años pasados no se ha detenido, aseguró el titular del Ejecutivo estatal, “y se mantendrá”.

Alonso Reyes dijo que esperan recibir la notificación del Poder Judicial de la Federación sobre los alcances del amparo concedido a la exgobernadora. La notificación, de acuerdo con lo dicho por Uriel Márquez, llegaría como plazo mínimo en enero de 2012.

Este 30 de noviembre el coordinador general jurídico y el contralor interno declararon que la administración estatal no tiene perdida la batalla legal en contra de Amalia García.

Explicaron que, con el amparo concedido se abren dos posibles escenarios, uno en el que el recurso contra la acción del gobierno estatal sea definitivo y otro en el que se concede a García Medina una extensión de plazo para aclarar las irregularidades que se le imputan.

Son tres las observaciones en que se involucra a la exmandataria:

• Aumento de partidas presupuestales sin sustento financiero
• Préstamos personales sin una partida autorizada para ello Un crédito de 300 millones de pesos contratado con Banamex que no pagó su administración

En la rueda de prensa del 30 de noviembre, el contralor solo mencionó las dos primeras.

El amparo fue concedido porque la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no fue firmada por el contralor en el sexenio de Ricardo Monreal Ávila, Jorge Eduardo Hiriartt.

FOTO: OSVALDO MARTÍNEZ

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