El gobernador negó tener conocimiento de los cambios de adscripción y las presiones hacia los peritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que renuncien a su cargo.
El pasado martes un grupo ellos se quejó de bajos sueldos y precarias condiciones de trabajo, y aunque no han manifestado oficialmente haber recibido amenazas ni hostigamiento laboral, el gobernador fue cuestionado al respecto debido a declaraciones confidenciales.
“No hay de mi parte ninguna instrucción de dar de baja a nadie y mucho menos”, dijo Alonso Reyes. Por el contrario, en caso de que no pueda atender el asunto personalmente, su secretario particular Rafael Sescosse platicará con los afectados.
Aseguró que los posibles cambios en la Procuraduría del estado se darían por la dinámica interna de trabajo y las tareas que desempeñan, “lo que no debe generar mayor zozobra o mayor preocupación”.
Miguel Alonso afirmó que la condición laboral de los trabajadores no se verá amenazada, salvo por su desempeño, eficiencia u honestidad. En el caso de tratarse de trabajadores de confianza, dijo, existe la atribución del gobernador de hacer remoción, movimiento o baja.
La homologación salarial se revisará conforme al siguiente ejercicio fiscal 2013 debido a que actualmente el gobierno carece de las condiciones financieras adecuadas para generar un aumento, pues el gasto corriente del capítulo 1000 ya está programado y presupuestado, detalló.
FOTO: OSVALDO MARTÍNEZ
