Por unanimidad, la 63 Legislatura aprobó una Iniciativa de Punto de Acuerdo que busca la suma de voluntades de los 3 niveles de gobierno para evitar el colapso de inmuebles del Centro Histórico de Zacatecas.

Pérdida de vidas humanas y del invaluable patrimonio edificado pueden ser las consecuencias del colapso de las antiguas fincas, expuso la diputada Mónica Borrego Estrada en la tribuna local, durante la jornada legislativa de este martes 23 de octubre.

Se propone que los 3 órdenes de gobierno (Federación-Estado-Municipio) asuman la obligación y las potestades para emitir políticas sobre la salvaguarda del patrimonio edificado en el Centro Histórico de la capital.

Piden la intervención de la Federación, a través de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); del Poder Ejecutivo de Zacatecas, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas y la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado; y del Ayuntamiento.

Dichas instancias deberán celebrar los convenios de coordinación y colaboración correspondientes a efecto de que se constituya un fideicomiso o la figura jurídica que se estime adecuada, y se instituya un fondo para la restauración de inmuebles.

En el mismo sentido, se plantea exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se incluya una partida presupuestal para proteger el Centro Histórico de la capital del estado.

Bajo este contexto, de igual manera se propone exhortar al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que la Secretaría de Finanzas a su cargo, en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2019, incluya una partida para el mismo fin.

Tras considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, fueron dispensados los trámites establecidos, aprobándose durante la misma sesión ordinaria por unanimidad de los diputados asistentes.

Aceptan renuncia de magistrado
De igual forma, por unanimidad de la asamblea, fue aprobado en una segunda sesión ordinaria, el dictamen presentado por la Comisión Legislativa Jurisdiccional, mediante el cual se calificó como procedente la renuncia presentada el 2 de octubre por Alejandro José González Saldaña al cargo de Magistrado Representante de las Entidades Públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Se establece en el dictamen aprobado, que, en atención a la renuncia presentada, Ma. Rosalba Miramontes García, en su calidad de magistrada suplente, deberá ejercer las atribuciones propias de dicho cargo, toda vez que la designación efectuada por esta Soberanía Popular continúa siendo válida y, en consecuencia, vigente para todos los efectos legales correspondientes.

Lo anterior, sin que de lo anterior derive la necesidad de tomarle la protesta de ley respectiva, pues la misma ya se realizó en Sesión Solemne de la Honorable 61 Legislatura del Estado, el 23 de enero de 2015.

Reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
Durante esta segunda sesión legislativa, se aprobó con 17 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el dictamen presentado por la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto por las que se propone reformar el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, respecto a la integración de la Comisión de Vigilancia.

A propuesta del diputado Héctor Menchaca Medrano, se planteó a los legisladores presentes una moción suspensiva, para que el punto no se discutiera, sin embargo, por mayoría se determinó continuar con el proceso parlamentario.

Con esta aprobación quedará establecido que la Comisión de Vigilancia se integrará por diputados de diferentes grupos parlamentarios, cuyo presidente será el diputado representante del partido político que obtuvo la primera minoría como resultado de la elección para diputados, siempre y cuando no sea el mismo partido político por el que resultó electo el titular del Poder Ejecutivo del Estado, caso en el cual le corresponderá a la segunda minoría.

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