Más de un año duró el proceso para la adopción de Mariel, pequeña de 5 años que murió el 19 de noviembre en Sombrerete tras ser violada y lesionada, quien había sido incorporada a una casa asistencial debido a que era maltratada por su madre.

Manuel David Pérez Navarrete, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familias de Zacatecas, explicó que este caso inició en 2015, cuando la procuraduría aún se denominaba del Menor, la Defensa y la Familia.

En ese año se realizaron a petición del tío materno de la niña y su esposa las valoraciones para que se les diera la custodia, que en una primera etapa fueron realizadas por esta dependencia perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif).

Profesionistas adscritos a esta institución realizaron el trámite respectivo, que es el diagnóstico psicológico, el de trabajo social y con base en los resultados que indicaban que había viabilidad, se determinó la reintegración de la niña a la familia de su tío y su esposa, de profesión educadora.

De acuerdo con el expediente, en diciembre de 2015 terminó este procedimiento administrativo, el caso dejó de ser de la competencia de esta procuraduría, y continuó la fase del proceso jurídico, a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).

En febrero de 2016 inició el procedimiento de custodia encabezado por un juez, con la colaboración del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), adscrito al propio Tribunal.

A partir de ese momento se volvieron a hacer revaloraciones, se presentó la niña junto con el matrimonio en el juzgado, y el juez designó como tutor a un licenciado adscrito al Instituto Municipal de la Mujer de Sombrerete.

Durante este procedimiento jurídico se realizaron valoraciones psicológicas a los tíos, incluso de antidoping, así como visitas al domicilio en donde estaba la menor de trabajo social y por parte del tutor.

En el expediente consta que se dio seguimiento posteriormente, en noviembre de 2016, y tras una segunda valoración, en marzo de 2017 el juez dictó una sentencia a favor de esta custodia y se dio por concluido el proceso.

“Evidentemente, el matrimonio no estuvo, por decirlo, sin seguimiento o sin supervisión”, dijo Pérez Navarrete, y durante el tiempo del juicio nada le dio indicios al juez de que estas personas pusieran en situación de riesgo a la niña.

No hubo ningún antecedente de que estuviera en maltrato durante el año y meses que duró el procedimiento jurídico, de lo contrario no se hubiera dictado la sentencia a favor de la pareja, recalcó.

“Es ahí donde existe esta situación muy difícil de describir, aunque por una obligación obviamente jurídica ellos están señalados”, dijo el procurador, quien recordó que los tíos en el procedimiento de audiencia para la vinculación a proceso y será la Fiscalía General de Justicia del Estado la que dará una resolución.

Explicó que como sucede en los casos de divorcio, en los que una vez que se dicta la sentencia y se otorga la custodia, en estos casos ya no se da seguimiento a las familias, pues ya se realizó todo un procedimiento para tomar la determinación sería imposible seguirlos vigilando por la cantidad de menores que hay en esa situación.

Aseguró que tanto en el trabajo de esta Procuraduría, como en el del Tribunal, se realizó el debido proceso y se cumplimentaron todos los requisitos que requiere el juez para dar una sentencia favorable.

“Creo que es ahí donde debemos poner mucha atención en que como sociedad algo nos está pasando”, dijo Pérez Navarrete.

Reconoció que los procedimientos en las instituciones deben tener una mejora continua para dar un servicio de calidad, y es necesario tomar estas situaciones para poder mejorar procedimientos.

“Sin embargo, algo sucede en la sociedad, en donde las niñas y los niños deben estar a salvo, en donde se les debe apoyar, donde se les debe ayudar a tener un sano desarrollo es donde se les está agrediendo, y son su propios progenitores o familia muy cercana”, concluyó.

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