Garantiza el gobierno de Zacatecas apego irrestricto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el cobro de los impuestos ecológicos a industrias que contaminen en el territorio estatal, informó el coordinador general jurídico, Federico Soto Acosta.

Lo anterior, luego de que los ministros del máximo tribunal del país, después de 3 sesiones, validaron este lunes en sus términos la constitucionalidad del Impuesto de Responsabilidad Ambiental y la metodología para el cobro de sus diferentes vertientes.

Una vez concluidos los recursos legales en contra del impuesto, la Procuraduría Fiscal perteneciente a la Secretaría de Finanzas (Sefin) tendría los elementos para iniciar las cuantificaciones que se obtendrán por el gravamen, dijo el uncionario.

Explicó que para el cobro de los impuestos la decisión de la Corte se retrotrae a la fecha de emisión de la norma.

Es decir, el gravamen deberá ser pagado para cubrir los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, motivo por el cual se atenderá a la instrucción del gobernador Alejandro Tello de buscar una mesa de diálogo con las empresas sujetas del pago para tomar acuerdos a favor de la generación de empleos y el adecuado uso del recurso.

Soto Acosta reiteró la decisión del mandatario de blindar la aplicación de dicha recaudación y así se garantice que sea exclusivamente para acciones de remediación ambiental, desarrollo económico y otros rubros a favor de los zacatecanos y nunca para gasto corriente o déficit educativo.

Aseguró que, de igual manera, se atenderán los fallos que emitan los tribunales jurisdiccionales respecto de amparos presentados contra el gravamen.

Detalló que hay 20 amparos en contra del impuesto ecológico y, si bien la Corte ya determinó la constitucionalidad del mismo, el Gobierno de Zacatecas también atenderá el mandato de la Segunda Sala de la SCJN, tribunales colegiados y un Juzgado de Distrito, instancias en donde están presentadas las querellas.

Constitucionales, los 4 impuestos ecológicos
Durante la sesión de este lunes, por mayoría de votos los ministros de la SCJN validaron la constitucionalidad de los 4 impuestos ecológicos impulsados por el gobierno estatal desde 2016 y aprobados por la Legislatura del estado en las leyes de Ingresos de Hacienda de Zacatecas 2017.

No obstante, el 14 de febrero del 2017 el entonces Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Alfonso Castillejos Cervantes, presentó ante el máximo tribunal del país una controversia constitucional para declarar la invalidez de los impuestos establecidos en los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda y las normas relacionadas a su aplicación.

Después de 3 sesiones en las que la Corte discutió la controversia, por mayoría determinó que Zacatecas tiene facultades para el cobro de impuestos no gravados por la Federación, el estado no invadió competencias federales y son constitucionales los 4 impuestos planteados en las leyes referidas.

Es decir, es legal que el estado de Zacatecas pueda cobrar 4 impuestos:

• Remediación ambiental en la extracción de materiales y minerales
• Emisión de gases a la atmósfera
• Emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua
• Referente al depósito o almacenamiento de residuos

Al declarar la validez de los 4 artículos, la Corte también reconoce la legalidad del destino del impuesto establecido en los artículos 6, 7, 35 y 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, agregó Federico Soto.

Durante la discusión del pleno de la SCJN, la ministra ponente del proyecto, Norma Lucía Piña Hernández, argumentó que dichos impuestos no tienen el objeto netamente recaudatorio, sino, por contrario, incentivar en la industria el uso de nuevas tecnologías menos contaminantes.

“No debemos verlo como una sanción, sino como una medida para atender el cuidado del medio ambiente”, enfatizó la ministra.

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