Por presunta administración fraudulenta y asociación delictuosa, ejidatarios de Morelos han emprendido acciones legales en contra de los consejos que dirigen 2 empresas de transporte de las cuales forman parte, informaron este domingo en conferencia de prensa.

Gerardo Espinoza Solís, abogado y exdirigente estatal del PRD, informó que hacen del conocimiento público la situación que viven los denunciantes, pues, aunque han recurrido a las autoridades, no han encontrado justicia.

A raíz de la llegada de la minera Francisco I. Madero de Peñoles a Morelos, en 2001 el ejido firmó un convenio con la Federación, el Estado y el Municipio para poder constituir empresas para el transporte de los trabajadores y acarreo del material extraído.

Así se crearon Transportes Unidos del Ejido de Morelos (Tuemsa) y Transportes Ejidales de Morelos, en las cuales participaron todos los ejidatarios.

Designaron los consejos de administración, que en ambos casos quedaron constituidos por las mismas personas, con Mario Acuña Acuña a la cabeza.

Espinoza abundó que el fin legal era que los ejidatarios pudieran adquirir los vehículos en las concesionarias, con el aval de las empresas recién constituidas.

Tuemsa solicitó los créditos a las concesionarias para que los ejidatarios pudieran adquirir camiones; sin embargo, cuando ellos solicitan cuentas claras sobre la actividad empresarial, el Consejo de Administración responde presentando denuncias de robo de sus vehículos.

Elementos de la Policía Federal y de Seguridad Vial, agregó el abogado, aseguran los vehículos y los ponen a disposición del Ministerio Público debido a que en sus bases de datos aparecen como hurtados, para entregarlos posteriormente al Consejo de Administración.

Aunque el Consejo es quien utiliza los camiones, los ejidatarios siguen con la deuda derivada de la compra y no reciben utilidades. En esta situación de presunto despojo se encuentran 13 de los 49 socios.

Gerardo Espinoza informó que han presentado denuncias por administración fraudulenta y asociación delictuosa, pero el Ministerio Público determinó abstenerse de la investigación.

Dicha decisión fue impugnada, pero un juez de Calera, distrito judicial al que pertenece Morelos, determinó que era legal la acción del Ministerio Público, pese a las evidentes violaciones a los derechos humanos, según el abogado.

Por si fuera poco, reprobó, dejó activas investigaciones contra los ejidatarios, pero no contra el Consejo de Administración.

Ante lo que consideran irregularidades, los ejidatarios y su equipo jurídico estudian otras defensas legales para llegar a los tribunales federales, en espera de que se haga justicia.

Expresaron su preocupación debido a que se convocó a una asamblea ejidal a celebrarse este domingo para vender los vehículos entre los mismos integrantes, debido a que el Consejo debe dinero a algunos de ellos.

Además de que dicho órgano no tiene facultades para hacer esa venta, advirtieron los inconformes, se está generando un conflicto social, por lo que pidieron el apoyo del gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Pidieron también la intervención del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Armando Ávalos Arellano, para que revise las resoluciones de este caso, ante la sospecha de que hay una protección a lo que llamaron una red fraudulenta.

Expresan sus vivencias
Joel Soto Acuña, representante e hijo del ejidatario Idelfonso Soto Macías, dijo que el presidente del Consejo Directivo de dichas empresas, Mario Acuña Acuña, utiliza a la mayoría de los socios para lograr su objetivo y los condiciona.

Cuando hay asambleas, antes de entrar, amenaza a los ejidatarios aprovechándose de su necesidad o su ignorancia, con lo cual ha podido afectar el patrimonio de otros, acusó.

Su padre le proporcionó una concesión, para lo cual recibió el aval del Consejo con las reglas y condiciones que imponen mediante contratos que consideró leoninos.

Adquirió un tráiler en 2014 con un costo de 1.7 millones de pesos, mismo que le fue retirado por la denuncia de robo que presentó el Consejo de Administración; ahora lo utiliza la empresa, sin obtener él remuneración.

Igual situación vive Flavio Ortiz Martínez, socio fundador de Transportes Unidos de Morelos, quien advirtió lo delicado de su situación porque afecta su patrimonio familiar.

En su caso, tiene la factura original del vehículo que adquirió y pagó, pero se lo recogieron hace 3 años, “y ya prácticamente se lo acabaron”.

Es injusto, agregó durante su participación en la conferencia de prensa, porque esa compra implicó esfuerzos familiares y la erogación de más de 2 millones de pesos; además, estimó que han tenido beneficios por más de 3 millones de pesos con su camión.

Sin ganancias, por autobuses de pasajeros
Miguel Ángel Villaverde Ramírez, otro de los afectados, recordó que en el año 2000 el Ejido de Morelos vendió tierra para el proyecto minero Francisco I. Madero de Peñoles, recurso con el cual se adquirieron 4 autobuses de pasajeros que cubren una ruta de dicho municipio a Zacatecas.

A 19 años de eso, han tenido administraciones buenas, que han crecido en número de unidades y han entregado utilidades, pero otras han operado de manera opaca e incluso endeudado a la empresa, aseveró.

Actualmente se hizo la remoción de la dirigencia por presuntas malas prácticas, pero no han logrado un acuerdo con los líderes salientes para que entreguen la administración de la compañía.

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