A través de una mesa redonda denominada “Acceso a la justicia con perspectiva de género”, los jueces del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Lidia María Ortiz Carrillo, Raúl García Martínez y Miguel Ángel Zamudio Cortés compartieron sus experiencias, retos y visión sobre esta delicada tarea.

Marisa Álvarez Crespo, titular de Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) fungió como moderadora del encuentro.

Explicó que esta actividad dirigida al personal jurisdiccional de la institución obedece a la voluntad de las y los magistrados para demostrar a la sociedad que verdaderamente se hace un trabajo transparente, siempre al servicio de la impartición de justicia, principio básico del Estado de Derecho.

Miguel Ángel Zamudio Cortés, juez quinto familiar del Distrito Judicial de la Capital, resaltó que Zacatecas está bajo una alerta de género, misma que implica la realización de determinadas acciones para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Por ello, en las competencias del Poder Judicial los juzgadores tienen diferentes tareas, una de ellas, el acceso a la justicia con perspectiva de género.
Zamudio Cortés señaló la importancia que implica identificar cuestiones de desigualdad e inequidad para poder resolver.

Dijo que el juzgar con perspectiva implica identificar las alegaciones de violación de derechos humanos y revisar las categorías sospechosas que atentan contra la dignidad humana.

También implica emplear herramientas e instrumentos de análisis que conduzcan a que en la redacción de las resoluciones se utilice un lenguaje adecuado, refiriéndose a las partes por igual. “La tarea que tenemos es identificar si entre los contendientes hay alguna categoría sospechosa, haciendo una acción afirmativa”, agregó.

Raúl García Martínez, juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez, destacó desde el ámbito penal la importancia de “las medidas de protección” que son instrumentos procesales que han sido puestos a disposición de las víctimas para prevenir el delito, así como, evitar que se sigan surtiendo los efectos de la consumación del mismo.

Expuso que existen 10 diferentes medidas de protección, de las cuales, hay 3 particularmente que se relacionan con las funciones del juzgador: la prohibición de acercarse a la víctima, la limitación de acercarse a su domicilio y la separación inmediata del domicilio, esto cuando el imputado representa un riesgo para la seguridad de la víctima.

Destacó el uso del “principio de la buena fe”, así como las consideraciones que debe tomar el juez y si las medidas son idóneas para eliminar el riesgo hacia la víctima.

También habló de la capacidad y responsabilidad de los operadores del sistema, como son los ministerios públicos y juzgadores.

Lidia María Ortíz Carrillo, jueza tercera familiar del Distrito Judicial de la Capital, hizo hincapié en que ésta es una tarea que se realiza durante todo el procedimiento, es decir, no solo en la sentencia, lo que significa que todos y cada uno de los que participan en el proceso debe involucrarse.

Dijo que desde el ámbito familiar el aparato jurisdiccional tiene el reto de garantizar a las familias desintegradas los derechos que les corresponden, como es el acceso a los alimentos y la guardia y custodia de los menores.

Para ello es necesario identificar las situaciones de desventajas entre las partes involucradas, ya sean de tipo económico o al encontrarse en alguna discapacidad, entre otras.

Armando Ávalos Arellano, presidente del TSJEZ agradeció la asistencia y voluntad del personal para participar en esta actividad; así mismo, reconoció la preparación de los jueces para exponer temas tan sentidos como el acceso a la justicia con perspectiva de género.

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