Por más de 7 años, ejidatarios de El Orito, ubicado al suroeste de la capital, han rentado sus tierras a la empresa Energy Power Group, que instaló 93 aerogeneradores de energía eléctrica en tierras comunales; sin embargo, reclaman que han sido víctimas de un engaño y un fraude.

En sesión del Congreso local, el diputado morenista Jesús Padilla leyó un punto de acuerdo creado con los legisladores Héctor Menchaca y Gabriela Pinedo, en el que señala que desde 2013 existen irregularidades en el convenio de arrendamiento para el parque eólico La Bufa 1.

Explicó que sostienen que aquél momento fueron visitados por empresarios estadunidenses y funcionarios estatales, quienes negociaron la renta de sus propiedades para poder instalar los aerogeneradores.

Les prometieron a los campesinos que “se harían millonarios” pues les informaron que cada aerogenerador tendría unas ganancias anuales de 40 mil dólares.

A la fecha, sin embargo, están recibiendo 800 dólares mensuales que deben repartir entre 72 ejidatarios, dando la cantidad de 1.7 dólares para cada uno. Incluso, se agrega en la iniciativa, algunos de ellos refieren que hay meses que reciben menos de 500 pesos.

La razón que da la empresa trasnacional para pagar estas cantidades es que, debido a la pandemia del Covid-19, la planta automotriz de Volkswagen de Puebla, a la que se le iba a vender la electricidad generada por el parque eólico La Bufa 1, detuvo sus actividades y los ingresos de la compañía han disminuido.

No obstante, la situación contrasta con el ejido vecino de El Visitador, ya que ahí se percibe una renta mensual de 6.500 pesos.

Lo peor de todo es que el contrato tiene vigencia por 30 años con una cláusula que prevé su renovación automática por otro período igual.

Por ello, desde El Orito se está solicitando la revisión del contrato con el ejido, pues las condiciones actuales son dañinas para los campesinos.

Hasta el momento, la Secretaría de Energía (Sener) no ha intervenido, por lo que, al sentirse indefensos, los ejidatarios recurrieron a los diputados en mención.

A esta petición se sumaron los diputados que promueven la iniciativa, en la que se plantea exhortar a la Secretaría de Energía federal a revisar los contratos que firmó la empresa Energy Power Group para garantizar que se cumplan las cláusulas acordadas en cuanto a un pago justo por el arrendamiento de las tierras.

En caso de que se detecte el incumplimiento o la existencia de cláusulas injustas, se llamó a revocar estos documentos.

La Comisión Permanente del Congreso del Estado, presidida por la diputada petista Gabriela Pinedo Morales, intervendrá ante la Sener para que verifique el incumplimiento de contratos y de ser necesario, los cancele.

El punto de acuerdo fue enviado a la comisión legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería.

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