Luz Domínguez Campos presentó su quinto informe de actividades como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), donde señaló que el organismo ha dado muestras claras e incuestionables de su autonomía, imparcialidad e independencia.

Respaldo a ciudadanos durante la contingencia por Covid
Señaló que la actividad de la CDHEZ es esencial y no puede suspenderse, por lo que determinó mantener abiertas sus puertas durante la emergencia sanitaria, para apoyar a los ciudadanos y ciudadanas en estos tiempos de pandemia.

Detalló que el organismo monitoreó y vigiló las actuaciones de las autoridades estatales y municipales, detectando abusos de poder, arbitrariedades, discriminación e injusticias, lo que se traduce en la vulneración de derechos humanos.

Mencionó entre estas acciones los toques de queda, arrestos administrativos, imposición de sanciones y multas, cierre de comercios, filtros policiacos y restricciones de movilidad, por lo que emitió pronunciamientos y recomendaciones a diversas autoridades.

Domínguez Campos señaló que la CDHEZ atendió a muchas personas que requerían gestiones ante las instituciones de salud respecto a información sobre el estado de sus pacientes de Covid-19 o en su caso, las causas de muerte, así como la realización de pruebas PCR.

También gestionó el abasto de medicamentos, reprogramación de citas médicas y estudios clínicos especializados, así como la atención urgente de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, entre otras.

Luz Domínguez exhortó a las autoridades a vigilar la actuación de los hospitales, clínicas y médicos particulares, para evitar abusos, negligencia, discriminación y costos excesivos por la prestación de servicios médicos a pacientes de Covid-19 y otros padecimientos.

México y Zacatecas, un gran cementerio
En materia de desaparición de personas, la presidenta de la CDHEZ señaló que este fenómeno representa para las víctimas directas una violación grave a su dignidad humana, y un profundo sufrimiento, angustia, desesperación, zozobra e impotencia para los familiares.

Refirió que, a nivel nacional existen más de 77 mil 171 personas desaparecidas, de la cuales 1.000 son zacatecanas, por lo que se requiere que sean buscadas y localizadas con vida.

Señaló que deben fortalecerse las acciones de búsqueda de personas, por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, además de reforzar las investigaciones ministeriales con debida diligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia.

Destacó que debe hacerse una exhaustiva identificación de cuerpos y restos humanos localizados en las 334 fosas clandestinas que han sido encontradas en el estado en los últimos años, incluidas las 3 halladas el pasado fin de semana en Chupaderos, Villa de Cos.

México y Zacatecas se han convertido en un gran cementerio, en agravio de miles de familias, consideró.

Inaceptable, impunidad en violencia contra las mujeres
Durante 2020 en Zacatecas se cometieron 14 feminicidios, 118 homicidios contra mujeres, 1.156 lesiones contra mujeres, 3.315 delitos por violencia intrafamiliar y 658 delitos sexuales, de acuerdo con datos proporcionados por la presidenta de la CDHEZ.

Urgió a la Fiscalía General de Justicia, a realizar una investigación diligente, pronta y eficaz que lleve a la determinación de la verdad, identificación y enjuiciamiento de los responsables, porque es inaceptable que exista impunidad en los casos de violencia contra las mujeres.

Recibe 596 quejas en un año; policías, entre las principales denuncias
En materia de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, la presidenta informó que durante el 2020 se abrieron 3.113 expedientes de los cuales 1.900 correspondieron a asesorías, 617 a gestiones y 596 a quejas.

Respecto a las quejas, éstas fueron por presuntas violaciones a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos estatales o municipales.

Las principales autoridades denunciadas son las policías preventivas municipales, Policía Estatal Preventiva, agencias del Ministerio Público, Policía de Investigación, presidencias municipales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Hospital General de Zacatecas.

49 quejas fueron de carácter oficioso, destacando 20 iniciadas por 16 muertes de personas privadas de la libertad en centros y establecimientos penitenciarios, además de 5 por presunto abuso sexual infantil en escuelas primarias ubicadas en los municipios de Zacatecas, Ojocaliente, y Guadalupe.

En 2020 se emitieron 605 resoluciones de las cuales 30 correspondieron a recomendaciones a autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, y los ayuntamientos de Zacatecas, Río Grande, Jalpa, Mezquital del Oro y Santa María de la Paz.

Separos deficientes y falta de elementos
Durante 2020 se revisaron los centros penitenciarios, la estación migratoria y los separos preventivos de los 58 municipios, encontrando que en 16 municipios persisten condiciones inadecuadas de infraestructura y que en 51 municipios no tienen médico que certifique la integridad personal de los detenidos.

Además de se detectó un déficit de policías de un 70%, lo que representa un faltante de 3.205 elementos policiacos, de un total de 4.517, indicó Luz Domínguez.

Esta circunstancia lamentable impide a los municipios atender adecuadamente su obligación de seguridad, debido a la falta de presupuestos, irresponsabilidad y desinterés de autoridades municipales, lo que se traduce en el desamparo de la población ante la delincuencia.

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