A unos meses de entregar su administración, el mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna dijo que todavía hay observaciones abiertas a los 2 gobiernos anteriores, pero aclaró que a él no le corresponde imponer el castigo.

Expuso que en el caso de Amalia García Medina, hay observaciones a distintas acciones y obras en la Función Pública federal y en la Auditoría Superior de la Federación, y en el caso de la administración de Miguel Alonso Reyes, en la Auditoría Superior del Estado.

“Yo sé que pasa mucho tiempo, está desfasado, comparto totalmente esa realidad, pero es un hecho”, dijo el mandatario, quien reconoció que a lo largo de los años ha recibido cientos de cuestionamientos al respecto, pero finalmente todas las acciones tarde o temprano son juzgadas.

Alejandro Tello destacó que, a petición del gobernador electo David Monreal Ávila, se ampliará el periodo para revisar la información que reciba, situación que acepta sin el menor problema, por lo que, por primera vez en la historia, se tendrá más tiempo del establecido por ley.

Señaló que es importante se haga de esa manera, porque durante su gobierno se le acusó de encubrir malos manejos de gobiernos anteriores, situación que negó categóricamente, ya que, aseguró, cuando él entró, se levantaron observaciones y hubo sanciones; sin embargo, no hubo una sola denuncia de cualquier persona afectada por actos de corrupción.

“No se puede tener un tipo de acuerdo extraoficial si el ciudadano no lo denuncia; el tema ha sido más mediático y mucho tiene que ver el aniquilamiento político; no soy defensor de oficio, pero es importante que quien tenga elementos ponga las denuncias correspondientes, porque no se puede hablar a la ligera de corrupción y dañar reputaciones cuando no se tiene elemento alguno”, agregó.

En ese sentido, el gobernador invitó a la administración entrante a que, si encuentra situaciones al margen de la ley, se ponga la denuncia y se haga justicia en favor de Zacatecas y no declaraciones que sólo generan percepciones erróneas.

Aclaró que aunque se piensa que el castigo a los funcionarios por actuar al margen de la ley depende del Ejecutivo, esto hoy corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa

Comentó que en su gobierno le corresponde ir solventando las observaciones cuando es posible, pero en situaciones que no son solventables vendrán sanciones, que podrán ser resarcitorias, inhabilitaciones, o lo que marque la ley.

Gabriela Rodríguez Rodríguez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo que a estas alturas, decir que la justicia administrativa depende de un solo hombre es falso, porque hay todo un andamiaje de instituciones involucradas, entre ellas, la ASE y el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos con autonomía.

Comentó que ya han sido sancionados funcionarios tanto de esta administración como de las pasadas, de rangos de secretarios, subsecretarios, jefes de áreas, coordinadores administrativos, entre otros.

Las sanciones de inhabilitación que ha fijado el Tribunal de Justicia Administrativa van desde 1 a 20 años, de lo cual ya se tienen algunos registros al respecto.

Avanza proceso de entrega-recepción transparente
En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que, con base en la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas, la administración 2016-2021 avanza con pulcritud en este proceso administrativo, cuya normatividad permitirá que se dé con puntualidad, transparencia y estricto apego a la legalidad.

Gabriela Rodríguez aseguró que en la administración saliente no se otorgarán concesiones, notarías, ni nuevas bases laborales, toda vez que los procesos para ello están cerrados.

Destacó que el proceso entrega-recepción que se vive en 2021 es muy diferente al de otras administraciones, gracias a que, el 17 de junio de 2018, entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera que armoniza otras normas presentadas como iniciativas al Congreso del Estado; entre ellas, la Ley de Archivos y la de Responsabilidades Administrativas.

Lo anterior, dijo, permitirá rendir cuentas y entregar el mando del Ejecutivo con estricto apego al principio de legalidad.

“La administración entrante tendrá una radiografía clara del estado que guarda el gobierno mediante formatos elaborados bajo los más estrictos estándares de un manual técnico que viene del seno del Sistema Estatal Anticorrupción” expresó.

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