Gobierno del Estado presentó, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), una denuncia en contra de quienes, incumpliendo los requisitos legales para brindar el servicio de transporte público, incurrieron en el delito de desobediencia y resistencia de particulares a la autoridad pública.

Fue el viernes 12 de noviembre cuando, al aplicar el operativo Transporte Público Seguro y asegurar taxis que no cumplían con los requisitos legales, un grupo de operadores agredió a los elementos de la Policía de Seguridad Vial dejando a 5 lesionados incluso con fracturas.

La denuncia, que se presentó la noche de este miércoles, se fundamenta en los artículos 158 y 159 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, los cuales se refieren al delito de desobediencia y resistencia de particulares.

El artículo 158 establece que, incurre en este delito quien, empleando la fuerza, el amago o las amenazas, se opone a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.

En tanto, el artículo 159 determina que se sancionará la coacción hecha a la autoridad pública por medio de la violencia física o moral, para obligarla a que ejecute un acto oficial, sin los requisitos legales u otro que no esté en sus atribuciones.

Este grupo de propietarios de taxis irregulares que llevó a cabo actos de violencia en contra de oficiales de la Policía de Seguridad Vial y periodistas, durante 2 días han bloqueado los accesos a las oficinas de Ciudad Administrativa, impidiendo, además, que se presten todos los servicios a los que la ciudadanía tiene derecho.

A través de actos intimidatorios, han exigido la entrega de las unidades que, en atención a un mandato legal, les fueron retiradas de la circulación por las autoridades por carecer de concesión y/o permiso experimental vigente e incluso, por no contar con las placas de circulación correspondientes para prestar el servicio de taxi.

También, con amenazas verbales de recrudecer la violencia, los dirigentes del movimiento de inconformes han exigido que se les exima del pago de las multas establecidas en el Reglamento de Transporte, Tránsito y Vialidad, así como la aprobación de permisos experimentales.

Lo anterior se ha derivado de su negativa a la implementación del programa Transporte Público Seguro, que inició el pasado 12 de noviembre y cuya finalidad es la detección de unidades que circulan de forma irregular y, de esta manera, garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público.

Al llevar a cabo una revisión del servicio en Zacatecas y Guadalupe, fueron retirados 27 vehículos que incumplían la legalidad.

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