La eliminación de las herramientas legislativas es uno de los legados para Zacatecas más importantes de los últimos años, porque significa terminar con décadas de discrecionalidad en el Congreso estatal, donde los diputados percibían alrededor de 72 millones de pesos anuales entre los 30 para dar apoyos sociales, pero en su gran mayoría era dinero que quedaba en sus bolsillos.

Son muchos los que se quieren colgar la medallita por el acuerdo alcanzado y aunque los diputados fueron quienes votaron, siendo sinceros el principal artífice del logro es el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Remontémonos a 2016 cuando el gobernador anunció austeridad en su gobierno y redujo en 20 por ciento el salario de los funcionarios. En aquel entonces, se pronunció por que en los otros poderes del estado se hiciera lo mismo, pero tanto el legislativo como el judicial hicieron oídos sordos.

Después de año y medio de presión social y mediática, la semana pasada a los diputados no les quedó más opción que eliminar esa vergonzosa partida con la que durante años lucraron y se enriquecieron, pues las herramientas legislativas eran incluso más atractivas que su propia dieta.

Cuando más de una docena de legisladores con licencia se fueron de candidatos, jamás imaginaron que sus suplentes se rebelarían por esa jugosa cantidad, pero tampoco contaban con que al acercarse con el gobernador Alejandro Tello para pedirle su consejo, éste les diría que no habría mejor decisión que eliminarlas y dar mensajes de austeridad en un escenario tan convulso como el que vive el país.

A los suplentes de la bancada del PRI y a los propios integrantes del grupo oficialista, Alejandro Tello no les dejó otra alternativa y aunque no fue del agrado de los representantes populares, no estaban en condiciones de desobedecer a su jefe político. Ilusa y erróneamente los diputados creyeron que Tello iría en otro sentido, pero vieron que su pronunciamiento iba en serio.

Incluso el gobernador ya anunció que para el presupuesto de egresos 2018 propondría que los 72 millones de pesos de las herramientas se destinen al tema de seguridad.

La cosa va en serio y sin duda fue una decisión histórica para Zacatecas.

También habrá que reconocer que Gustavo Uribe, coordinador de la fracción tricolor, hizo su trabajo y con el cabildeo mostró lealtad a Tello. Luis, el Oso Medina, aunque no tenía los votos, también hizo lo propio al denunciar el tema desde el inicio de la actual legislatura. Lo cierto es que si Tello no hubiera querido y metido presión, hoy no se tendría tal logro.

Magistrados y jueces con salarios por arriba del gobernador
Ahora toca voltear los ojos al Poder Judicial y exigirle lo mismo. Cierto, los magistrados y jueces no gozan de prerrogativas como las herramientas legislativas, pero sí de uno de los mejores salarios que hay en el estado, por encima incluso del gobernador ante la falta de una ley vigente de salarios máximos lo cual es muy conveniente para muchos.

Actualmente el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas percibe más de 110 mil pesos mensuales y los presidentes de sala casi 90 mil pesos, sin contar que al momento de su retiro no deberán trabajar más pues se benefician con un jugoso haber de retiro de por vida.

Qué bueno que ganen bien, pero que malo que lo hagan en el país de las desigualdades y sin hacer un guiño por lo menos a la austeridad que tanto exigen los ciudadanos, quienes en su vida verán una cantidad de tal magnitud.

Sin duda la presión social y mediática deberá voltear al Poder Judicial y, éste como ya lo hizo el ejecutivo y el legislativo, tendrá que dar una muestra de sensibilidad y austeridad en su próximo presupuesto de egresos.

¿Por qué no un 20 por ciento a la reducción de su salario como ya lo hizo el Ejecutivo? ¿Sería mucho pedirles y destinar ese dinero a seguridad?

Funcionarios opacos
Si bien la transparencia y honestidad ha sido la bandera del gobernador Alejandro Tello, al parecer no todos los funcionarios de su administración han asumido estos 2 ejes como parte de su trabajo ni piensan asumirlos.

Pues todo indica que a menos de 2 años de este gobierno ya existen 2 que 3 funcionarios señalados de opacos y poco honestos, razón por la cual la Secretaría de la Función Pública ya prendió los focos rojos y ha comenzado a realizar algunos procesos de investigación, además, de auditorías.

Y todo esto salió a la luz durante una reunión larga y tendida que el mandatario sostuvo con integrantes de los órganos internos de control de las dependencias. Ahí Alejandro Tello se dio cuenta de lo que pueden estar escondiendo sus funcionarios, por ello, sin más ni menos les dejó claro que de ser reales algunas de las denuncias por irregularidades que le han llegado, tomará drásticas medidas.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención es que uno de los nombres que comenzó a sonar fuertemente por temas relacionados a la transparencia, honestidad y rendición de cuentas, fue el del secretario de la Vivienda, Ismael Solís Mares; y al parecer será el primero en ser investigado, pues cuando el río suena es porque agua lleva, pero con él no sólo ha sonado el río sino un huracán. Pero lo preocupante, es que al parecer el gobernador ya comenzó a desconfiar de su funcionario.

Un posible autosecuestro
Luego de 15 días de haber desaparecido el universitario Joaquín García, y de que sus padres exigieran públicamente resultados tanto a la Fiscalía como al propio Gobierno del Estado por la supuesta privación ilegal de la libertad de su hijo, así, sin más ni más, el estudiante de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas apreció en la ciudad de Aguascalientes.

A pesar de que la autoridad correspondiente aún no ha dado una postura oficial respecto a este caso, el cual no solo causó incertidumbre a los padres del joven sino a toda la comunidad universitaria, al parecer lo que sucedió fue un autosecuestro, debido a que en las primeras investigaciones existen grandes incongruencias en su desaparición.

Ante este panorama, y a pesar de ser un tema sensible y delicado, lo cierto es que tanto la familia como la propia Fiscalía General de Justicia están obligados a dar una postura oficial del tema lo más pronto posible, no solo para explicar lo sucedido sino para que la sociedad comience a creer en sus instituciones y en quienes los gobiernan, pues claro está que no todos los casos están vinculados con el crimen.

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