El 14 de noviembre se dio a conocer el Plan Nacional para la Paz y la Seguridad, que el próximo gobierno federal pondrá en marcha, a partir del 1 de diciembre de 2018.

La estrategia de seguridad que se propone seguir se articula en 8 ejes centrales:

1. El combate a la corrupción y la reactivación de la procuración de justicia
2. La garantía del empleo, la educación, la salud y el bienestar
3. El pleno respeto y promoción de los derechos humanos
4. La regeneración ética de la sociedad
5. La reformulación del combate a las drogas
6. La construcción de la paz
7. La recuperación y dignificación de las cárceles
8. La Recuperación de la seguridad pública

Este último punto se desagrega en 3 temas centrales:

1. La replantación de la seguridad nacional y la reorientación de las Fuerzas Armadas
2. La creación de la guardia nacional
3. Las coordinaciones nacionales, estatales y regionales

Este plan busca atacar la inseguridad desde sus orígenes, basándose en un ambicioso plan de asistencia social que evite que las personas vulnerables caigan en la delincuencia por necesidad.

Resulta novedoso observar que se plantee atacar las situaciones sociales que pueden derivar en la creación de delincuentes (por ejemplo, desigualdades, pobreza, etc.) como aspecto central del plan de seguridad nacional.

Sin duda esto representa un gran paso para el replanteamiento del combate a la delincuencia. Se trata de un nuevo enfoque, en el que se plantean los programas sociales como medios para mitigar los problemas de seguridad.

Sin embargo, resulta preocupante reducir los problemas de seguridad a un mero asunto de catalogar a los necesitados como criminales o potencialmente delincuentes. Las condiciones de inseguridad imperantes actualmente en el país hacen pensar que el problema va más allá de los confines del bienestar material de las personas.

No obstante, el aspecto de mayor controversia con el Plan Nacional para la Paz y la Seguridad está en las pocas –por no decir nulas— acciones concretas propuestas para darle un sentido práctico y efectivo al plan de seguridad.

Al leer el documento presentado la semana pasada, se extrañan explicaciones concretas sobre presupuestos posibles y andamiajes institucionales que es necesario diseñar para lograr una política pública de seguridad coordinada, con un fin común.

Es necesario aterrizar el Plan Nacional para la Paz y la Seguridad en un plan de acción concreto, que describa tiempos, presupuestos, acciones y los alcances de las distintas instituciones que necesariamente se entrelazarán y qué jerarquías tendrán dentro de la misma.

Por ejemplo, si la Secretaría de Seguridad tendrá voz y voto sobre el destino o focalización de recursos de programas sociales manejados por la Secretaría de Bienestar para atender situaciones sociales clave en la sociedad que sean ubicadas como causantes o multiplicadoras de la criminalidad.

Otro aspecto que es importante comentar es el aparente contra sentido que implican los puntos centrales del Plan Nacional para la Paz y la Seguridad.

Por un lado, se busca mantener a las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, bajo el argumento que hay una insuficiencia de elementos disciplinados, capacitados y profesionalizados en los 3 niveles de gobierno. Pero, por otro lado, se anuncia la creación de una Guardia Nacional, que se nutrirá con los efectivos existentes. Esta doble propuesta puede derivar en un debilitamiento de la capacidad de operación de las instituciones ya existentes, dando pie a un fortalecimiento de las estructuras criminales. Quizá esto explique la voluntad del próximo gobierno federal de modificar la Constitución para legalizar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, asunto que tanto organizaciones civiles como organismos internacionales han catalogado como un grave error.

El nuevo gobierno federal debe tener cuidado de que, al crear la Guardia Nacional, no se desorganice la cooperación entre instituciones, dando origen a ineficiencias operativas o, peor aún, causando vacíos que fácilmente sean ocupados por las células criminales.

No se puede olvidar que durante la administración del presidente Felipe Calderón de reestructuró el andamiaje institucional de seguridad pública y al final de su sexenio los números de homicidios comenzaron a bajar, continuando así durante los primeros años durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el desmantelamiento de la estructura de seguridad pública por parte del actual gobierno, dio como resultado una ineficiencia operativa, que derivó en los actuales niveles de violencia.

En este contexto, ¿qué deben esperar las empresas que operan en México? La experiencia nos indica que es posible prever al menos 3 escenarios:

1. Un posible repunte de los números de violencia si el gobierno entrante no actúa con diligencia y organización en su tarea de reorganización del andamiaje institucional de seguridad pública y, por lo tanto, un alza en la inversión por parte de las empresas en acciones de fortalecimiento de la seguridad en sus operaciones.
2. Un posible cambio en las tasas impositivas del Estado para solventar el ambicioso plan de asistencia social que propone el gobierno.
3. Una reorganización de su acercamiento con las autoridades locales de seguridad pública pues será difícil determinar a quién recurrir en caso de incidente; a las fuerzas municipales, a las fuerzas estatales y a cuál de los cuerpos federales.

En conclusión, el ambicioso plan de seguridad que propone el gobierno entrante parece estar basado en buenas intenciones al querer brindar asistencia tanto a la población, por medio de programas sociales, y a los cuerpos de seguridad pública, al permitir a las fuerzas armadas hacer tareas de seguridad pública.

Será muy interesante entender cómo el gobierno obtendrá el financiamiento necesario para pagar mejores sueldos al personal de seguridad pública, capacitarlos, reclutar nuevo personal y brindar asistencia social a la población.

Esperemos que hayan tomado en cuenta la realidad institucional y presupuestal del estado mexicano y que este ambicioso plan no surja únicamente de buenas intenciones que al final acabe en malos resultados.

*Associate Director – Kroll, a division of Duff & Phelps Business Intelligence & Investigations

Acerca de Kroll y Duff & Phelps
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